sábado, 9 de marzo de 2013

Sector forestal y ecologistas se unen en defensa de los montes de utilidad pública



La Asociación de Forestales de España (PROFOR) y las organizaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF lanzan un manifiesto en defensa de los de montes de titularidad públicaVentana nueva. El documento recogerá las adhesiones de entidades y colectivos para demostrar que la inmensa mayoría de la sociedad se opone a la privatización del patrimonio forestal público que planea la Junta de Castilla la Mancha.
“Los montes de utilidad pública, en especial los que son propiedad pública, son la columna vertebral del mantenimiento de servicios ecosistémicos fundamentales para el resto de actividades económicas, manteniendo además una función social importante en términos de uso recreativo, cultural y también de empleo” ha señalado Elías Bayarri, de la Asociación de Forestales (PROFOR).
El Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha ha reconocido que está valorando poner a la venta una parte muy importante de los montes de Utilidad Pública propiedad de esta comunidad autónoma, así como otros espacios forestales de su titularidad. De los 228 montes de utilidad pública existentes en Castilla-La Mancha, que protegen una superficie de 170.471 hectáreas, el Gobierno ha identificado 57 susceptibles de venta, que suman una superficie total de 40.038 hectáreas.
“Vender este patrimonio público que tanto ha costado consolidar tiene un enorme impacto ambiental, social y económico” ha declarado Miguel Ángel Hernández, de Ecologistas en Acción. Además, “detrás de la medida se esconde una modificación legislativa a nivel estatal que traería consigo una cascada de ventas en toda España”.
Los Montes de Utilidad Pública fueron declarados montes de titularidad pública atendiendo al interés general. Estos montes y el resto de montes de titularidad pública cumplen funciones sociales, mejorando la calidad de vida, contribuyendo a la protección de la salud pública y del medio ambiente general, y a la mejora de las condiciones sociales, laborales y económicas de las poblaciones vinculadas el medio rural. El origen del actual Catálogo de Montes de Utilidad Pública es el resultado del trabajo de la primera generación de Ingenieros de Montes en España en defensa de la superficie forestal arbolada previa al proceso desamortizador de la segunda mitad del siglo XIX, en especial la Ley de Desamortización General de Pascual Madoz de 1855. Durante este proceso, la ley exceptuó de la enajenación y subasta pública “los montes y los bosques cuya venta no crea oportuna el gobierno”. Gracias a esta excepción, muchas de las masas forestales que componen el actual paisaje forestal de nuestro territorio se salvaron de un futuro incierto.
“Es muy preocupante que en vísperas de la reforma de la Ley de Montes anunciada por el Gobierno empiece a hablarse de la venta del patrimonio forestal público” ha declarado Miguel Ángel Soto, de Greenpeace España. “En Castilla-La Mancha hablan de vender, en la Comunidad Valenciana de alquiler por 20 años y en la Comunidad de Madrid de convertir montes de utilidad pública en campos de golf. Todo suena a lo mismo, privatización”.
  • Manifiesto en defensa de los Montes de Utilidad Pública

Ante el auto del TSJC anuncian vías abiertas para derogar el Catálogo de Especies Protegidas


Ante la noticia del auto en el que el TSJC resuelve no elevar el Catálogo de Especies Protegidas al Tribunal Constitucional, Ben Magec-Ecologistas en Acción anuncia varias vías existentes para derogarlo. Estas medidas son un procedimiento de infracción abierto en Bruselas contra Canarias, y el compromiso de la Viceconsejera de Medio Ambiente de elaborar un nuevo Catálogo antes de finales del 2013.
Ben Magec-Ecologistas en Acción anuncia que, frente a la contrariedad que supone que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias haya decidido no elevar el Catálogo de Especies Protegidas al Tribunal Constitucional, existen medidas en curso "tanto o más contundentes" tendentes a derogar la Ley del Catálogo. Entre estas medidas destaca un expediente de infracción abierto en Bruselas contra España, y el compromiso en firme de la Viceconsejera de disponer de un borrador de nuevo Catálogo antes del fin de 2013.
Ecologistas en Acción interpuso una denuncia en Bruselas en el año 2011 dada la masiva descatalogación de especies incluidas en la Directiva Hábitat aprobada en la nueva Ley. Esta denuncia prosperó hasta el punto de que la Comisión Europea de Medio Ambiente decidió abrir un procedimiento de infracción que se encuentra ahora mismo en curso. Además, Ben Magec-Ecologistas en Acción aportará a la Comisión nueva información que acreditará la carencia de rigor técnico de este catálogo, dado que el colectivo dispone de nueva documentación que acredita que el órgano ambiental del Gobierno de Canarias no dispone de ningún expediente, ni ficha de evaluación, ni informe técnico que acredite la catalogación actual de ninguna de las especies.
Por otra parte, la Viceconsejera de Medio Ambiente Guacimara Medina, se ha comprometido a disponer a finales de 2013 de un borrador de una nueva y anunciada Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad de Canarias, que derogará el actual Catálogo. Para ello ha informado de que seguirá unosplazos muy concretos que Ben Magec-Ecologistas en Acción se compromete a "seguir de cerca y exigir su cumplimiento sin disculpas ni demoras".
Para Luis Sánchez, coordinador general de Ben Magec-Ecologistas en Acción, "aunque no compartimos el auto del TSJC, queremos transmitir un mensaje positivo sin caer en ningún tipo de ingenuidad. Para nosotras y nosotros, estas vías no son más que compromisos de trabajo para los que necesitaremos la participación activa de mucha gente, aunque confiamos firmemente en conseguirla".
Finalmente, y sobre la valoración del auto en sí "el Tribunal no debió desconocer que el nuevo Catálogo se elaboró única y exclusivamente para eliminar de un plumazo todos los obstáculos legales al puerto de Granadilla y a otras infraestructuras similares. Se trata de una Ley hecha a medida para vulnerar un auto del propio TSJC, que además, vulnera la Ley básica. No compartimos, pues, este pronunciamiento del Tribunal".

Por unas calles habitables:


Establecer una limitación de velocidad de 30 km/h es una manera económica de mejorar la seguridad, rebajar la contaminación y estimular el uso de mejores modos de transporte. Esta medida conducirá a mejorar el tráfico y aliviar la congestión. Las personas podrán desplazarse sin miedo.
Ecologistas en Acción quiere que estas mejoras se produzcan en toda la Unión Europea. Por ello proponemos establecer una velocidad estándar de 30 km/h en los todos los pueblos y ciudades -aunque los municipios mantengan la capacidad de establecer excepciones cuando sea necesario-.
Ecologistas en Acción quiere que la Comisión Europea haga una propuesta legislativa para introducir este límite de velocidad de 30km/h. Para ello ha organizado, junto a otras organizaciones europeas, una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), un nuevo instrumento político de la Unión Europea que implica la recogida de 1 millón de firmas de ciudadan@s durante un año en 7 Estados Miembro diferentes.
En el Estado español se necesitan 50.000 firmas. Si se alcanza el millón en toda la UE, se podra pedir a la Comisión que legisle sobre este asunto.
¡Firma por el futuro de las ciudades europeas!

Reforestaciones en una zona avutardera de Alcázar de San Juan


Ecologistas en Acción de Ciudad Real denuncia que se ha realizado una nueva reforestación en el paraje conocido como Pastrana, en el término municipal de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
La reforestación ocupa unas 86 hectáreas y ha sido subvencionada por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El paraje se encuentra en la zona de Los Anchos, conocida por su riqueza ornitológica, y es utilizado habitualmente por la Avutarda Común y otras aves propias de los medios esteparios. Su declaración como ZEPA (Zona Especial de Protección para las Aves) fue solicitada por cuatro asociaciones conservacionistas y contó con el apoyo del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.
La zona fue declarada ZEPA dentro del Área esteparia de La Mancha Norte, pero la superficie se redujo a dos tercios de la propuesta inicialmente, dejando fuera el área afectada en la actualidad. Ahora, la Consejería subvenciona su destrucción al permitir la reforestación de un medio estepario. De ese modo, llega a incumplir su propia normativa, concretamente la Ley 9/99 de Conservación de la Naturaleza, que en su artículo 77 dice "Prohibición en relación con las especies amenazadas. ....así como la destrucción de su hábitat, en particular del lugar de reproducción, invernada, reposo, campeo o alimentación". Igualmente incumple la normativa que regula las ayudas para fomentar la forestación de tierras agrícolas, que dice al respecto en su artículo 6: "Superficies excluidas. Hábitat de especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas cuando la forestación pueda afectar negativamente a dicho hábitats o a sus poblaciones".
La provincia de Ciudad Real cuenta con una de las poblaciones de Avutarda Común en mayor peligro de toda Castilla-La Mancha y, además, se encuentra muy mal protegida. Según datos de SEO-Ciudad Real, de las nueve zonas ocupadas por la especie en la provincia, sólo tres se hallan bajo la salvaguarda de una ZEPA, careciendo el resto de cualquier figura de protección. Para sonrojo de las autoridades ambientales de la región, las tres ZEPA son de reducida extensión y no abarcan toda la superficie utilizada por las avutardas en esos territorios.
No obstante, haber sido incluidos en la red europea Natura 2000 no garantiza la adecuada protección que merecen los lugares incluidos en ella, y cada una de las tres zonas se ve afectada por sus propios problemas de conservación.
Así, la zona de los Anchos sufre las reforestaciones que se han mencionado más arriba. En el Campo de Montiel, que cuenta con una de las mejores poblaciones de aves esteparias de la provincia, sólo están protegidas cuatro zonas de ridícula superficie que, por otra parte, se encuentran aisladas entre sí. En esta comarca se han reforestado cientos de hectáreas y se ha construido una fábrica de ladrillos con total impunidad.
En cuanto al núcleo de avutardas del Campo de Calatrava, éste se encuentra en grave peligro de desaparición. La presión urbanística de las localidades que lo rodean, la construcción del polémico aeropuerto de Ciudad Real y de la proyectada autovía de Valdepeñas, supondrá un impacto de tal magnitud sobre el medio que la persistencia del grupo resultará inviable a medio plazo.
Las otras seis áreas avutarderas no incluidas en ZEPA también se ven afectadas por la construcción de nuevas infraestructuras, por la expansión de los viñedos en espaldera y de las reforestaciones, o por la construcción de urbanizaciones y campos de golf, como sucede en Argamasilla de Alba.
Por tanto, podemos afirmar que la situación de las avutardas en nuestra provincia es alarmante y que ni siquiera los núcleos protegidos por la Unión Europea se encuentran a salvo. Mientras tanto, el desarrollo sostenible sigue siendo una palabra vacía en boca de nuestros mandatarios, que la utilizan constantemente en sus discursos pero la esquivan a la hora de tomar decisiones. De continuar por este camino, es muy probable que asistamos a la desaparición de las poblaciones de avutarda en la provincia de Ciudad Real.

Senda de las Merinas (Madrid)


Andando de Madrid a la Sierra.

Juan García Vicente, Ecologistas en Acción de Madrid. Revista El Ecologista nº 37.
El hambre de naturaleza, que millones de personas acumulan a lo largo de la semana en las grandes urbes, es saciado con salidas masivas a zonas naturales. Así, todos los fines de semana encontramos interminables caravanas de vehículos al encuentro de los espacios naturales que queden a su alcance. Estas peregrinaciones son una clara muestra del desarraigo que se tiene en relación con lo que está justo a nuestro lado: se huye a la búsqueda de supuestos paraísos lejanos.
Es cierto que la urbe se desparrama como una mancha de aceite, y el ocio ligado a naturaleza se aleja cada vez más. Pero no es preciso recurrir a grandes desplazamientos: podemos comenzar a disfrutar, desde la misma urbe, con recursos naturales que, aunque maltratados, están a la salida del metro. Este es el caso de la Senda de las Merinas que parte de Madrid hasta su vecina Sierra de Guadarrama.
Por las vías pecuarias hacia espacios protegidos
Los más de 5,4 millones de habitantes de la Comunidad de Madrid –con algo menos de 8.000 km2 de superfice–, ejercen una fuerte presión sobre los espacios naturales de su entorno. Además, estas visitas a menudo se concentran en lugares emblemáticos y nobles, que acaban deteriorándose por la presión que sufren. Sin embargo, existen recursos y ámbitos que no desmerecen nada en relación con aquellos. Y los caminos ganaderos o vías pecuarias nos pueden llevar hasta allí.
Los 4.000 km de vías pecuarias que surcan la geografía madrileña no son un patrimonio desdeñable. La situación de la Comunidad, en el centro peninsular, hace que esta red sea muy tupida –pues sirvió de encrucijada de caminos–. En teoría, podríamos ir de cañada en vereda, o de cordel a descansadero, desde Somosierra hasta el Tajo sin obstáculo alguno. Pero la realidad es diferente: el tremendo y desbocado urbanismo especulativo y disperso, junto con la desmesurada red de infraestructuras viarias, dificulta sobremanera este tipo de trayectos. Sin embargo, aún no es imposible y, por medio de las vías pecuarias, podemos transitar y comunicar muchos espacios protegidos de la Comunidad de Madrid.
Iniciativa de Ecologistas en Acción
A partir de la defensa de las vías pecuarias, por las que los rebaños merinos del Proyecto 2001 llegaban a Madrid desde Picos de Europa o Sanabria, fue madurando la idea de actuar para que las telarañas urbanísticas no taponaran estos caminos ganaderos que son patrimonio público. El paso ocasional de rebaños transhumantes por la capital, otoño tras otoño, dejaba a estas vías pecuarias sin uso ganadero el resto del año. Por ello, estos caminos corrían, corren, serio peligro de invasión y olvido. Se planteaba, pues, una acción en contra de la tendencia general.
Finalmente, el empeño de varias personas de la asociación ha conseguido, a partir de las vías pecuarias existentes, que podamos salir de la ciudad andando –algo hoy día imposible en la mayor parte de su perímetro, a causa de los sucesivos anillos de circunvalación y otras autopistas– y lleguemos, sin interrupción, hasta la Sierra del Guadarrama, un espacio merecedor de ser futuro Parque Nacional. En el camino, partiendo de la Casa de Campo, un Parque periurbano ahora ya engullido por la gran ciudad y su entorno, recorreremos también el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama.
En definitiva, se recorre una zona muy significativa de la región madrileña, ascendiendo desde la llanura manchega hasta las cumbres graníticas de la Sierra del Guadarrama. En el recorrido se puede ver y disfrutar de todo un catálogo de recursos naturales e históricos, a los que ahora haremos referencia.
La Casa de Campo
La ruta parte de este emblemático parque, que ha sido durante muchos años motivo de discusión entre conservacionistas y gestores municipales de la capital. Innumerables errores de gestión han levantado las iras de los primeros y no parece que la situación vaya a mejorar en el futuro. A pesar de todo, su enorme extensión acoge una serie de recursos tanto naturales como históricos que proporcionan un gran valor añadido a esta ruta senderista.
Su origen se remonta a la época de Felipe II, a mediados del s XVI, cuando comienza la adquisición de fincas próximas al Alcázar árabe que servía como residencia real. Su finalidad era la de servir de finca de caza y recreo, primero para los Austrias y luego para los Borbones. La proclamación de la II República marca un nuevo hito en la historia del Parque, que, el 1º de Mayo de 1931, pasa a ser lugar de recreo del pueblo de Madrid con la entrada masiva de la población madrileña. El parque tenía entonces 1.747 hectáreas, que ahora se han reducido a poco más de 1.000 por concesiones, donaciones, autovías, etc. que han venido limando su patrimonio original. Hasta hace poco la Casa de Campo era un parque periurbano, que el desarrollo urbanístico ha convertido en urbano al quedar engullido por urbanizaciones de Madrid y Pozuelo.
La Senda de las Merinas, atraviesa la Casa de Campo desde su entrada principal, remontando el curso del Arroyo Meaques, tributario del Manzanares. El recorrido por el bosque de ribera es una radiografía de este tipo de ecosistema en donde la biodiversidad es más que notoria. La presencia de gran variedad de vegetación, alóctona en muchos casos, es debida a su propia condición de parque, con fuerte acción antrópica. Muchas especies fueron traídas aquí de lugares exóticos, desde el s. XVI hasta ahora. En todo caso, su interés natural es innegable. Así, por ejemplo, se cuentan más de 70 especies entre su avifauna.
La Senda de Merinas abandona la Casa de Campo observando obras del arquitecto Francisco Sabatini, de indudable valor y casi desconocidas: el Puente de la Culebra, de estilo barroco, digno de mayor reconocimiento y único en la capital; la entrada de los arroyos Meaques y Prado del Rey al Parque mediante un sistema de verjas acopladas a la tapia de cerramiento del s. XVIII, etc.
Justo aquí, a la salida del Parque por el suroeste, donde comienza el término de Pozuelo de Alarcón, entramos en contacto con la red de Vías Pecuarias por las que discurre, íntegramente, esta Senda de las Merinas hasta la Sierra.
Invasión de vías pecuarias en Pozuelo y Majadahonda
El diseño de esta Senda tiene su origen en la reacción de Ecologistas en Acción ante la invasión de la Vereda Camino de las Carreras por obras de urbanización en Pozuelo. Con diversas marchas y acciones de protesta se reivindicó el derecho secular a transitar libremente por esta vía pecuaria. El Ayuntamiento de Pozuelo obvia la Ley de Vías Pecuarias y procede a modificar el recorrido sin respetar la continuidad de la Vereda, cortándola con diversos viales en un tramo vital como es el próximo a la Casa de Campo.
Más allá se urbaniza un largo tramo de la Vereda, desplazándola de su trazado original con los consiguientes cortes en su continuidad. Continuando el trazado de la Senda, se llega al término de Majadahonda. Allí se enlaza con una nueva vía pecuaria, la Vereda de San Antón,que nos va a conducir al Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama.
Pero sobre un largo tramo de esta nueva vereda, el propio Ayuntamiento de Majadahonda ha instalado el campo de golf municipal Las Rejas. Este nuevo obstáculo no ha sido óbice para que Ecologistas en Acción haya realizado marchas a través del campo de golf, eso sí, con numerosos incidentes con sus adjudicatarios y su personal de seguridad. De hecho hay abiertos varios procedimientos legales por agresiones y daños que hemos sufrido al impedirnos discurrir por este camino ganadero invadido por el verde césped golfista.
El hecho más notable se produce cuando, en noviembre de 2001, dos mil ovejas merinas pasan por esta Vereda, irrumpiendo por el campo de golf en su camino desde Picos de Europa hasta las dehesas de Extremadura, y antes de pasear simbólicamente por las calles de Madrid. Las actuaciones judiciales abiertas contra los ecologistas originaron una sentencia que marca un hito en la defensa de estos caminos ganaderos, ya que exime de toda responsabilidad a los denunciados –ecologistas y rebaño– por los adjudicatarios de la explotación de este campo de golf.
Parque del Río Guadarrama y la Sierra
Salvados estos obstáculos, no naturales por supuesto, estamos camino del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama. En ligero descenso vamos observando el bosque de ribera del Guadarrama con el panorama de la Sierra al fondo. Por fortuna el agobio urbanizador ya no es tan notorio, y el río nos descubre la importancia de las venas de agua en los paisajes mediterráneos: la biodiversidad del bosque de ribera contrasta con la monotonía de paisajes más uniformes y austeros.
Una vez que se atraviesa el Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama, se inicia la subida de la rampa que nos lleva a los terrenos graníticos de la Sierra. Atravesamos el río Aulencia, que nutre al embalse de Valmayor, y subimos hasta el cruce con la Cañada Real Segoviana en el Alto de Santa Ana, ya en Valdemorillo. Tras un trecho, tomamos la Vereda de Robledo de Chavela, que a través de encinares y vaguadas nos llevará hasta otra Cañada Real, un ramal de la Leonesa Oriental.
Estamos ya a los pies de las Machotas. Confluimos allí con el GR-10, Valencia- Lisboa, por donde transitamos para llegar hasta San Lorenzo de el Escorial. Aquí hay multitud de recursos de variado interés: desde las magníficas fresnedas que jalonan la parte final del recorrido, las Lagunas de Castrejón, el Monasterio de El Escorial, el Bosque de la Herrería, o el arboreto de Luis Ceballos en la subida al Puerto de Malagón o de Abantos.
Finalmente hemos llegado a la Sierra por medio de la red de vías pecuarias madrileñas que, en este caso, sirven de comunicación de la ciudad con espacios naturales de reconocido valor natural. En definitiva, desde la gran urbe es posible acceder a espacios naturales, de la forma más sostenible: a pie, en bicicleta o a caballo, y no morir en el intento.
Mapas
Para fomentar el uso de este itinerario y reivindicar el uso y la defensa de las vías pecuarias, Ecologistas en Acción ha editado un mapa a escala 1:50.000 de todo el recorrido. Se une esta publicación a la de otro sendero, la Senda Real, que permite ir desde la capital a Tres Cantos, Colmenar Viejo y Manzanares el Real, transitando junto al Monte de El Pardo y el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

miércoles, 6 de marzo de 2013

REUNIÓN DE TRABAJO DE CAMPIÑA VERDE


Los integrantes de la Asociación nos hemos reunido en la tarde del miércoles 6 de marzo para tratar sobre los siguientes puntos:


  • Línea Verde del Ayuntamiento de El Casar
  • Hoja informativa
  • Blog y Facebook
  • Visitas guiadas a los puntos de control elegidos
Como primera zona de actuación hemos elegido LAS COLINAS - EL CHAPARRAL, un lugar donde se dan varios de los problemas habituales en nuestro municipio, como vertidos incontrolados, suciedad del arroyo, falta de depuración de las aguas, estado de las fuentes, etc...

Para combatir este estado de cosas, utilizando la nueva herramienta que ha proporcionado el Ayuntamiento de El Casar, el próximo domingo 17 de marzo iniciaremos una pequeña excursión por la zona, armados de GPS, Cámaras de fotos e Ilusión.

¡¡¡¡¡ OS ESPERAMOS !!!!!


lunes, 4 de marzo de 2013

Agua, del derecho al negocio



La asfixia económica de los municipios hace que cada vez más ayuntamientos vendan a empresas privadas la gestión del servicio público del agua como un modo de financiación, un proceso sin órganos reguladores que garanticen la buena salud en la prestación

Se vende. Con la llegada de la crisis, cada vez más ayuntamientos en España cuelgan el cartel para adjudicar a empresas privadas la gestión del agua, un servicio por lo general eficiente y en la mayoría de casos viable para los consistorios. Sin embargo, según las estimaciones de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), si en 1996 sólo un 37% de la población del país estaba abastecida por sociedades privadas, ese porcentaje supera hoy el 50% y se calcula que pueda alcanzar el 57% en el transcurso de los próximos meses. ¿La razón? Económica, principalmente.
Las delicadas finanzas municipales han convertido a las empresas públicas de agua en una perita en dulce para conseguir aliviar las arcas públicas con una suma de capital considerable, de manera rápida y relativamente sencilla. Cuando los ayuntamientos deciden externalizar el servicio,las entidades interesadas ofrecen un canon concesional millonario a cambio de hacerse cargo de la gestión durante unos 20 años de media (en algunos casos pueden llegar a firmar para cuatro décadas), mediante un contrato que no garantiza que el dinero recibido vaya a ser reinvertido en el propio ciclo hidráulico. Las administraciones reducen sus deudas y se desentienden de la contratación de personal, el mantenimiento de las instalaciones y las tarifas. Las empresas, por su parte, adquieren un servicio con alta viabilidad (las facturas tienen una garantía de cobro de entre el 95% y 97%) y sin competidores en el sector.
"Como los ayuntamientos ya no pueden vender el suelo, venden los servicios públicos. Venimos de la burbuja inmobiliaria y vamos hacia la burbuja del agua", lamenta Luis Babiano, gerente de AEOPAS, que considera un "escándalo" que los municipios destinen parte del dinero que reciben del canon para financiar partidos o levantar rotondas.
En 1996, un 37% de la población se abastecía de sociedades privadas; hoy lo hace más del 50%
Roque Gistau, presidente de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS), a la que pertenece el 80% de las operadoras del servicio tanto públicas, como mixtas y privadas, no cree que la titularidad de las empresas influya en la calidad de la gestión, pero coincide en señalar la mala administración que se hace de los fondos: "lo que no puede ser es que los ayuntamientos no inviertan ese canon concesional en el servicio de agua", afirma.
En sus conclusiones ambos apuntan en la misma dirección al identificar el origen del problema: la falta de un ente regulador que supervise la concesión. Mientras que en la mayoría de países europeos los acuerdos con operadoras privadas están sometidos a un fuerte control tanto para fijar las tarifas como para las inversiones en infraestructura, etc., en España la ausencia de mecanismos de este tipo hace los procesos mucho menos garantistas.
Los operadores coinciden en que el problema radica en la falta de un ente regulador del proceso de cesión
"Lo que se produce es una desviación total de los fondos. Los alcaldes están privatizando para hacer caja. De ese modo, el agua se ha convertido en un activo financiero con el que especular", dice Eloi Baldía Casas, miembro de Ingeniería sin Fronteras y portavoz de la plataforma Agua es Vida, por la defensa del agua en Catalunya.
Su agrupación es una de las muchas que se han creado en España para responder a la tendencia privatizadora del servicio del agua por parte de las administraciones locales. Los ejemplos se reproducen por múltiples comunidades autónomas. En Candeleda (Ávila), la Plataforma contra la Especulación Ambiental y Urbanística ha conseguido recolectar 3.400 firmas (en una población de poco más de 5.000 habitantes) contra la intención del alcalde (PP) de vender el servicio público de aguas a la empresa Aqualia, a la que sólo se le exige una inversión de 500.000 euros durante 30 años. El Ayuntamiento argumenta que sufre pérdidas con la gestión del servicio y que no tiene el dinero para realizar las inversiones necesarias en infraestructura, pero según Pilar Diego, portavoz de la plataforma, las cuentas públicas disponen de superávit y el servicio de aguas da beneficios al consistorio, tal y como reflejan los datos del Ministerio de Hacienda.
Con la tendencia privatizadora, se han multiplicado las plataformas en lucha por la gestión pública del agua
Otro caso es el de El Puerto de Santa María (Cádiz), donde el ayuntamiento (PP-PA) tramita la venta del 49% de la empresa municipal APEMSA y la cesión a un socio privado de su gestión indirecta durante 25 años, periodo en el que la primera pagará a su socia un 5% de los beneficios de la entidad. La plataforma Aguas del Puerto no se Vende lleva más de un año luchando para demostrar que la empresa pública no tiene pérdidas ni necesidad de una financiación especial o urgente.

Un valor de mercado

El agua, declarada como un "derecho humano" por las Naciones Unidas en 2010, pasa así de ser un servicio público sin ánimo de lucro, a manos de sociedades privadas que, como tal, buscan generar beneficios económicos. La primera consecuencia del proceso es un incremento casi inmediato del coste del líquido que repercute en el consumidor.
Gistau defiende que esta subida se produce porque la tarifa pública "no recoge los costes reales del proceso" al ser estos asumidos en su mayor parte por los ayuntamientos. Luis Hiniesta, miembro de Aguas del Puerto no se Vende sólo ve, en cambio, una justificación posible: la necesidad de asegurarse un negocio rentable. "Hay que poner en cuestión por qué el agua, que en alta se genera a través de los embalses y cuencas y de un sistema público, se le permite en baja, cuando llega a los ciudadanos, incorporar el ánimo de lucro. Es un disparate. El agua no puede convertirse en otra cosa que en un bien básico que tiene un origen natural, vital e insustituible", enfatiza.
"Se están triplicando los casos de corte en el suministro", alertan desde AEOPAS
Babiano asegura que "se están triplicando los casos de corte en el suministro" a nivel nacional y considera que a través de la gestión privada no es posible garantizar el acceso a todo el mundo. "Se está perdiendo la consideración de que esto es un derecho humano. Para mí, lo que es más doloroso es que se le pueda cortar el agua a la gente que no tiene recursos para pagar".
Comprobar con datos si la calidad de la gestión es superior con operadores públicos o privados es, por el momento, algo difícil de demostrar. Al no existir entidades reguladoras ni parámetros estandarizados que analicen por igual la prestación del servicio en toda la geografía nacional, la escasa información depende de los datos que las empresas faciliten voluntariamente, sin mucho margen para poder garantizar su fiabilidad. Tanto AEOPAS como AEAS reclaman cambios en este sentido.
En España, el 80% del negocio del agua se lo reparten entre AGBAR y el grupo FCC
Roque Gistau insiste en que se trata de un debate "artificial":"Creo que hay que tener el control público, otra cosa es la operación del servicio... pero la tecnología que hace falta aplicar a los procesos hoy es tan grande que hace falta tener sistemas fuertes detrás capaces de aportarlos. Un ayuntamiento no puede hacerle frente", argumenta.
Lo que parece claro, en cualquier caso, es que el del agua es un negocio con una proyección de futuro innegable en el mundo, algo de lo que da cuenta el SGI World Water CW, un índice bursátil que desde su puesta en marcha en 2004 ha acumulado beneficios superiores a los del resto de mercados que cotizan en Bolsa. En España, el 80% del negocio se lo reparten entre Aquagest, filial del grupo AGBAR (Aguas de Barcelona) y de SUEZ EOLIA; y Aqualia, del grupo Fomento Construcciones y Contratas (FCC), que funcionan casi a modo de oligopolio

domingo, 3 de marzo de 2013

REUNIÓN DE TRABAJO DE CAMPIÑA VERDE

El próximo miércoles 6 de marzo CAMPIÑA VERDE nos reunimos en el Bar "DONDE VALO" para tratar sobre la web municipal LÍNEA VERDE, los temas que plantearemos en esa web, el próximo número de nuestro boletín y la conversión de este tipo de reuniones en FOROS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA de personas comprometidas con el Medio Ambiente. Si estás interesad@ ¡¡¡¡¡VEN A VERNOS!!!!!

♻️ Acto "Devolver el casco 2.0" sobre el sistema de depósito, devolución...

A cto "Devolver el casco 2.0" sobre el sistema de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR), con la participación de Miquel...