Proyecto TREDAR: formación agroecológica y generación de alternativas laborales.

Laura Benítez, Coordinadora proyecto TREDAR Federación Agroalimentaria de CC OO. Revista El Ecologista nº 75.

A partir de convenios con ayuntamientos, que ceden terrenos, se forma a desempleados agrícolas en técnicas agroecológicas. Con la producción de estos huertos se generan grupos de consumo y recursos económicos para los nuevos agricultores.

Formación en técnicas de cultivo ecológicas para desempleados del sector agrícola, convenios con ayuntamientos rurales para la cesión de zonas de huerta para autoconsumo, selección de los hortelanos más motivados, y oferta de formación para que pasen a producir y comercializar a través de pequeños grupos de consumo en centros de trabajo y comités de empresa de CC.OO. en Madrid. Estas son las bases fundamentales del proyecto TERDAR que está poniendo en marcha la Federación Agroalimentaria de CC.OO.

Se trata de demostrar que se puede crear empleo haciendo sostenible la producción y distribución agrícola. Se ha desarrollado a través de un proyecto piloto de Desarrollo Rural realizado con financiación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y del FEADER, para la búsqueda de alternativas de autoempleo en zonas rurales. El método se centra en formación en agroecología y en el impulso de grupos de consumo en centros de trabajo que contratan cestas cerradas de hortalizas por periodos semestrales.

El proyecto se ha desarrollado en las siguientes fases:

TREDAR 0. Aprendizaje para autoconsumo en huerto social. Se buscaron ayuntamientos con terrenos o fincas (urbanas o rústicas) con acceso a agua para ofrecerlos como huertos sociales y de formación a la población. En estos huertos se han impartido acciones de formación en agroecología de un mínimo de 30 horas; a los participantes se les ha cedido parcelas de unos 50 m2 para poder practicar durante un periodo de 6 a 12 meses la producción para el autoconsumo. Se han puesto en marcha huertos en municipios de Murcia (Mazarrón), Almería (Rioja), Cáceres (Tiétar, Saucedilla, Carcaboso) y Badajoz (Torremejia, Oliva de Mérida), y se han realizado gestiones para la cesión de terrenos para este fin en más de otros 30 municipios de Murcia, Cádiz, Almería, Cáceres y Navarra.

TREDAR 1. Después se asignaron grupos de 10-15 consumidores por cada miniagricultor. Para aquellas personas desempleadas con interés y mejor aprovechamiento en esta primera fase de formación (y con mayores necesidades familiares o más motivadas a buscar alternativas de ingresos y autoempleo) se les ha ofrecido la cesión de superficies entorno a 2.000 m2, también de propiedad municipal en la mayoría de los casos, con apoyo para la producción con comercialización directa a 10 hogares. En general se han incorporado un máximo de 4 personas por localidad.

El objetivo y el reto formativo es que sean capaces de producir hortalizas frescas de temporada (mínimo de 5 productos diferentes en cada cesta) para abastecer dos cestas de 10 kg mensuales para cada consumidor. Para garantizar los compromisos de las partes se redactó un contrato denominado TREDAR 1 con una duración de 6 meses. El objetivo de este contrato es estabilizar los precios y la demanda permitiendo el aprendizaje conjunto entre consumidores y productores construyendo una confianza mutua que supla las ventajas de los mercados y circuitos convencionales.

La Federación agroalimentaria de CC.OO. ha organizado a 82 consumidores en diferentes centros de trabajo. Se plantea un mínimo de diez consumidores por centro de trabajo, a cada centro se les asigna un miniagricultor en aprendizaje con el que establecer un contrato que compromete una cantidad mínima de 40 euros mensuales a cambio de las dos cestas mensuales con 10 kilogramos de hortalizas frescas en producción agroecológica (no certificadas aún como agricultura ecológica).

Con estos “contratos de formación agroecológica”, los productores y consumidores se comprometen recíprocamente a aprender y ajustar el modelo sobre la base de un tiempo determinado de práctica productiva y de consumo. El miniagricultor en formación recibe una renta bruta mensual de 400 euros durante seis meses, teniendo la posibilidad tanto de aprender a producir como de tratar y fidelizar directamente a los consumidores.

Los consumidores son los propios evaluadores de esta formación práctica: si el miniagricultor en prácticas consigue mantener al cabo de los seis meses un mínimo de 7 consumidores, se le consiguen otros hasta alcanzar 20-30 familias, lo que le supondrá unos ingresos brutos mensuales de 800-1.200 euros. En ese momento se le requiere para que se dé de alta en el régimen de autónomos agrarios de la seguridad social, pasando al contrato TREDAR-2.

La acogida que esta teniendo la experiencia es muy buena, tanto entre los Municipios de Extremadura y Murcia que ceden los terrenos, como entre los desempleados asalariados del sector agrario, así como entre los consumidores que de modo piloto se están incorporando. Ha sido muy importante la formalización en el contrato escrito del compromiso semestral de suministro por parte del agricultor y del consumidor.

En junio se firmaron los primeros contratos con consumidores agrupados en grupos de consumo en diferentes locales de Federación estatales y de la Unión de Madrid de CC.OO. que son abastecidos por 4 desempleados agrícolas del municipio extremeño de Tiétar. En septiembre han comenzado a producir otros 3 agricultores de la localidad de Carcaboso para consumidores de Forem confederal, de la Confederación y de la Sección Sindical de CC.OO. del Ministerio de Agricultura, y finalmente se ha iniciado una experiencia de TREDAR 3 con dos agricultores ecológicos ya profesionalizados que van a comenzar a proveer un grupo de 12 cestas en el centro de Mahou en Madrid.

Se están formando grupos de productores para poder asumir otros 300 consumidores aproximadamente a partir de marzo de 2013. Cualquier centro de trabajo en el que se consiga un mínimo de diez consumidores le asignamos un miniagricultor (TREDAR 1) o un agricultor profesional (TREDAR 3).

Con este proyecto estamos ensayando un modo diferente de consumir productos frescos, de temporada, sin residuos fitoquímicos y en circuitos locales... ofreciendo oportunidades de autoempleo a desempleados. ¿Apadrinas a un ecoagricultor?

MERCADO SOCIAL

Un espacio alternativo para enfrentar la crisis.

Por Toño Hernández, 

Diversos grupos de personas están uniendo prácticas alternativas –consumo responsable, finanzas éticas, comercio justo, grupos autogestionados de consumo, empresas de inserción social– en un espacio económico auto-referente, capaz de funcionar con cierta autonomía respecto a los mercados capitalistas. Estas experiencias de mercado social ya están en marcha en algunos lugares, con el objetivo de construir un movimiento social en el ámbito económico con una clara perspectiva rupturista.

La actual crisis es de tal calado que necesitamos encontrar respuestas a algunos interrogantes desde la óptica de las alternativas económicas. El mercado capitalista es un invento que funciona mal, a trompicones, dejando en el camino a muchas personas y territorios.

Si algo parece claro desde el punto de vista ecológico es que el estado de bienestar basado en producciones y consumos masivos no va a poder continuar. La nueva sociedad del bienestar podrá y deberá mantener y mejorar servicios básicos como educación, sanidad, atención social, pero para ello el mercado tendrá que estar supeditado a la sociedad y no al revés.

Menos claro es que pasará con el euro, si implosionará o si algunos países se saldrán o serán expulsados. No parece, en cualquier caso, que haya soluciones para las mayorías con monedas controladas por personas u organismos opacos y no democráticos que ponen el dinero al servicio de elites y no de las necesidades sociales.

El desmantelamiento de los servicios públicos y las prestaciones sociales junto al aumento del coste de la vida van degradando la situación de cada vez más personas, provocando lo que Syriza, en Grecia, ha calificado como crisis humanitaria que destruye los vínculos sociales y crea un estado psíquico colectivo en el que pueden proliferar propuestas autoritarias. A menos que ofrezcamos salidas concretas con las que recomponer el sentido ciudadano de colaboración sin exclusión.

Poco se puede hacer sin romper con los valores inculcados por el capitalismo para entender y practicar las relaciones económicas y sociales. Necesitamos actores económicos que sustituyan la competencia por la cooperación, el egoísmo por la solidaridad, el afán de lucro y la acumulación por la suficiencia, la obsesión por la cuenta de resultados por el interés en las personas y el entorno, la opacidad por la transparencia, la jerarquía por la participación.

Hacia otro tipo de mercado

Existen desde hace mucho tiempo empresas, organizaciones y grupos variados que funcionan con esas lógicas: comercio justo, consumo responsable, finanzas éticas, grupos autogestionados de consumo, empresas de inserción social. También existen desde hace años redes que relacionan a muchas de ellas en un nivel más bien de coordinación política.

Desde REAS (Red de Economía Alternativa y Solidaria) [1] surge hace años la pregunta de si sería posible unir todas esas prácticas en un espacio económico auto-referente capaz de funcionar con cierta autonomía respecto a los mercados capitalistas. La respuesta es claramente que sí, puesto que ya hay experiencias en ese sentido.

La novedad del Mercado Social es pretender extender esta relación al ámbito económico y comercial, ampliando alianzas intersectoriales, e introduciendo a los consumidores como actores del proceso de regulación económica. Definimos este espacio económico como “una red estable de producción, distribución, financiación y consumo de bienes y servicios y de aprendizaje común que funciona con criterios éticos, democráticos, ecológicos y solidarios, constituida tanto por empresas y organizaciones sociales y solidarias, como por consumidores/as individuales y colectivos”.

Para ello el Mercado Social se plantea unos objetivos no demasiado complicados, basados en la idea del apoyo mutuo: 

 Cada componente de la red se compromete a consumir el máximo dentro de esta. 

 Cada componente de la red se compromete a producir el máximo para esta. 

 Cada componente de la red contribuye a crear otras iniciativas vinculadas a esta, depositando ahorros y excedentes en instrumentos financieros de la red.

Esta red nos debería permitir cubrir una parte significativa de nuestras necesidades socioeconómicas y experimentar nuevas formas de producir, consumir, invertir y vivir cualitativamente mejores. En la medida que seamos capaces de conformar esta red, potenciaremos nuestras posibilidades de transformar la realidad socioeconómica.

Vemos por tanto, que es algo más que una simple suma de añadidos empresariales que ponen en marcha una tienda donde colocar productos que atraigan a consumidores concienciados. El objetivo es construir un movimiento social en el ámbito económico con una clara perspectiva rupturista.

Estamos desarrollando un sistema de certificación que sea resultado de un proceso deliberativo, democrático y participado por las organizaciones y empresas proveedoras y por las personas y grupos consumidores. Un sistema de certificación que mida las aportaciones sociales de cada entidad y que también ayude a detectar las carencias y a formular objetivos de mejora; y que contribuya a difundir con claridad la responsabilidad y el compromiso que asumen las entidades del Mercado Social.

Otra pieza importante tiene que ver con la creación y uso de monedas sociales [2]. Ya existen muchos modelos de monedas complementarias que están funcionando en entornos variados y que están posibilitando ciertos grados de autonomía monetaria y una menor exposición a los riesgos de la economía especulativa. Por tanto, también nos planteamos caminar por esa senda, con prudencia. De hecho, en estos momentos, solo el Mercado Social de Madrid [3] y el de Cataluña [4], se han lanzado a experimentar con diferentes modalidades de moneda propia.

Para garantizar la legalidad de todas las actividades está prevista una cooperativa de ámbito estatal de la que formen parte las empresas, redes o mercados sociales territoriales, algunas cooperativas transversales de ámbito estatal (Coop57, Fiare, IDEAS...) y algunas organizaciones sociales estatales que garantizan y dan apoyo político al proyecto (Ecologistas en Acción, Options, Diagonal...), así como a los consumidores individuales o colectivos.

Lo deseable es posible, si lo intentamos

No podemos dejar el terreno de la construcción económica solamente en manos de empresarios o emprendedores que responden a la lógica capitalista. Pensar nuevas formas de resistencia y construcción económica se convierte en una obligación para no seguir dejando en manos de una elite peligrosa los inmensos recursos generados por los y las trabajadoras. Hay que añadir nuevas fórmulas a las ya existentes en las luchas y estrategias por el poder. No se trata de que todo el mundo dedique sus esfuerzos a esta tarea, pero sí que, con pequeños cambios en las costumbres, se promueva y facilite la consolidación de otros espacios de radicalidad económica.

Lo que estamos planteando no es nada novedoso. Se hizo en nuestro país, durante la República por el movimiento cooperativista y por otros sectores sindicales; lo han hecho los movimientos sociales de Latinoamérica posibilitando su hegemonía política tras las recetas neoliberales que destruyeron sus países.

No tenemos la seguridad de en qué puede acabar todo esto. Todo proyecto tiene sus riesgos y seguramente muchos más si se hace en el ámbito económico, teniendo que confrontar con unas prácticas y unas dinámicas que se han demostrado altamente inteligentes, resistentes y con capacidad de adaptación y asimilación de casi todo lo contestatario.

Pero en definitiva como en cualquier proyecto, lo importante es tener bien definidos los objetivos y la dirección. Luego nos hace falta inteligencia, flexibilidad y bien hacer, pero sobre todo ilusión y ganas para realizar los esfuerzos, individuales y colectivos, que supone avanzar por caminos no trillados. Es de esto último de lo que más necesitamos las personas, organizaciones y movimientos sociales que queremos construir un mundo mejor.

Participar en el Mercado Social es una buena forma de hacer ecologismo social, ya que la economía solidaria incorpora nuestras preocupaciones, aunque faltan desarrollos concretos de prácticas económicas más ecológicas. Para trabajar en ello, desde Ecologistas en Acción hemos decidido apoyar de forma activa este proyecto.

|¿Qué tengo que hacer para hacerme socio del Mercado Social?| |

Madrid: Para ser Proveedor hay que enviar una petición a mercadosocialmadrid@konsumoresponsable.coop y recibirás información detallada sobre los pasos que hay que dar.

Si quieres ser una persona o entidad consumidora escribe a monedamesm@konsumoresponsable.coop y darán de alta tu cuenta para poder operar con la moneda social.

Cataluña: http://www.mercatsocial.cat/index.p...

Resto lugares: Accede a cada territorio en http://konsumoresponsable.coop/merc...

Notas

[1] http://www.economiasolidaria.org/

[2] Ver artículo de Julio Gisbert en esta misma revista.

[3] http://www.konsumoresponsable.coop/...

[4] http://mercatsocial.cat

La nueva Ley de Parques Nacionales culmina la ‘contrarreforma’ ambiental de Rajoy

La última reforma prevé un mayor control del Estado y abre la mano a actividades turísticas, cinegéticas, recreativas y empresariales actualmente prohibidas en estos espacios.

No ha provocado grandes protestas sociales. Ni siquiera ha tenido un coste político excesivo. De hecho, pareciera que es justo lo contrario ya que el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, es el mejor valorado del Gobierno de Rajoy y suena con fuerza para ser el referente del PP en las próximas elecciones andaluzas. Lo cierto es que casi sin ruido, el Gobierno de Mariano Rajoy ha operado una auténtica ‘contrarreforma’ ambiental, similar en profundidad y calado a la producida en sanidad, educación, empleo o justicia, que está modificando de manera significativa la legislación nacional en asuntos tan sensibles como costas, agua, energía, especies invasoras y evaluación ambiental. La aprobación, el pasado viernes, por parte del Consejo de Ministros del anteproyecto de la nueva Ley de Parques Nacionales va en la misma dirección que las anteriores: menores cautelas ambientales y más control del Estado sobre las competencias autonómicas. La nueva Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, que devuelve al primer plano institucional a las políticas medioambientales tras la complicada y breve unificación con Agricultura, tiene ante sí el reto de combatir, matizar o aceptar estos cambios que, sin duda, afectan a Andalucía.

1. Parques nacionales, más control del Estado y más ‘actividades’

Esta reforma ha sido aprobada con dos críticas fundamentales. De un lado, una “recentralización encubierta” de la gestión de los Parques Nacionales al pretender, en explicaciones del secretario de Estado Federico Ramos esta misma semana ante la APIA (la asociación de los periodistas ambientales), que en el manejo de estas áreas protegidas pueda intervenir el Gobierno central, de tal manera que pudiera exigir “una gestión adecuada” a las Administraciones locales y autonómicas. De otro lado,  y a pesar de que el ministro Cañete ha negado de manera categórica la posibilidad de autorizar la caza comercial dentro de las zonas de máxima reserva, lo cierto es que el anteproyecto de Ley abre la mano a actividades turísticas, cinegéticas, recreativas y empresariales actualmente prohibidas en estos espacios. Se da la circunstancia de que hace un año, el Ministerio dejó en 0 euros las ayudas de carácter socioeconómico que recibían los municipios incluidos en los Parques Nacionales y que permitían compensar precisamente estas actividades no autorizadas. En Andalucía, con dos parques nacionales de la importancia ambiental y fuerza simbólica de Doñana y Sierra Nevada, ambos gestionados por la Junta, es de esperar una importante oposición a esta norma.

2. Ley de Costas, menos control en la primera línea

Fue el primer movimiento de calado en materia ambiental de Arias Cañete y el que ha generado una mayor contestación social y política, provocando el recurso de varias comunidades autónomas -entre ellas, Andalucía- ante el Tribunal Constitucional por “invadir” sus competencias y suponer “una amenaza” al principio de protección del medio ambiente recogido en la Carta Magna. Con la reforma de la Ley de 1988, el Gobierno dijo perseguir recuperar “la seguridad jurídica” en el ámbito litoral. Por el contrario, los colectivos ecologistas, las comunidades afectadas y una buena parte de la oposición política -el PSOE también ha recurrido ante el TC- consideran que la norma de Cañete supone la “privatización” de parte del dominio público marítimo terrestre al amnistiar a más de 154.000 inmuebles levantados a pie de costa y permitir diferentes actividades en la línea de litoral que, hasta el momento, eran ilegales. En Andalucía, que tramita en estos momentos el Plan de Protección del Corredor Litoral, podría llegar a darse la paradoja de que los primeros 50 metros de playa estuvieran menos protegidos que los 500 siguientes, en cuya regulación actúa la comunidad autónoma.

3. Agua, apoyo a los grandes consumidores

En el horizonte inmediato se dibuja un nuevo Plan Hidrológico Nacional, del que Cañete se ha apresurado a aclarar que es todavía “una hoja en blanco” rechazando hablar, de momento, de trasvases y, en particular, del trasvase del Ebro, cuya suspensión fue la decisión ambiental de mayor impacto del primer Gobierno de Zapatero. Hasta que esa hoja en blanco comienza a escribirse, el Ejecutivo ha dado algunos signos muy evidentes de la orientación de su política de aguas con la sucesiva aprobación de los planes de las cuencas hidrográficas intercomunitarias, un proceso, por cierto, que dejó bastante empantanado y retrasado el último Gobierno socialista.

En el caso de Andalucía, la Junta se ha mostrado beligerante con el nuevo Plan Hidrológico del Guadalquivir por eliminar la limitación inicial a los consumos de las grandes comunidades de regantes, por no obligar a la tarificación por volumen consumido y no por hectárea, por la condicionar la exigencia de mejoras en los regadíos existentes y por reducir las inversiones previstas en el primer documento del Plan. Posteriormente, el Consejo de Participación de Doñana también se mostró contrario al Plan por entender que “no garantiza la supervivencia” del espacio protegido. Por el contrario, Feragua, la asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, consideró que se trata “de un plan equilibrado y que ajusta las dotaciones de riego a los niveles estrictamente necesarios, con medidas de ahorro y control en consonancia con los objetivos de la Directiva Marco de Aguas”.

4. Energía, la ‘privatización del sol’

Aunque se encuadra competencialmente en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la reforma energética del Gobierno de Rajoy tiene incidencia directa en políticas ambientales claves como la lucha contra el cambio climático. La medida más cuestionada es la que algunos expertos han calificado como ‘la privatización del sol’ y que básicamente consiste en la penalización del autoconsumo energético con la imposición de un pago por el mismo. Esta decisión se suma a la moratoria de las primas a las renovables, que según la Junta de Andalucía afectará a 7.840 instalaciones de distinto tipo, siendo el más perjudicado el de la energía termosolar -de la que el 50% de la potencia instalada de España se encuentra en esta comunidad autónoma- y el desarrollo de las plantas de biomasa, la energía renovable con mayor tasa de creación de empleo verde.

El impacto total calculado por la Junta afectaría a unos 45.000 empleos y una inversión comprometida de casi 12.000 millones de euros. Por su parte, el ministro José Manuel Soria -quien tampoco escapa mal en las encuestas de popularidad- defiende que esta reforma crea un “sistema estable a medio y a largo plazo que obliga a medidas dolorosas que no son fácilmente aceptables”.

5. Especies invasoras, especies indultadas

El nuevo catálogo de Especies Invasoras incluye como principal novedad el ‘indulto’ a su calificación como tales de cuatro especies en atención a su “utilidad económica, alimentaria o lúdica”. Se trata del cangrejo rojo americano, el arruí, la trucha arco iris y el visión americano, del que podrán instalarse nuevas industrias de cría. La polémica por esta decisión no ha ido más allá de la comunidad científica y los colectivos ecologistas, lo cual sorprende ya que la acción de la fauna invasora es uno de los mayores riesgos para la biodiversidad y los espacios protegidos.

6. Evaluación de impacto ambiental, ¿facilidades para el fracking?

El proyecto de ley de Evaluación Ambiental vio la luz en el Consejo de Ministros de la pasada semana para, según afirmó Arias Cañete, “agilizar la tramitación de los casi 10.000 expedientes de evaluación ambiental paralizados en las distintas administraciones del Estado, de los que depende la creación de casi 80.000 empleos y con una repercusión de casi mil millones de euros sobre la actividad económica”. Sin embargo, no pocos han visto en este proyecto de Ley una nueva vía de rebajar las exigencias de la actual legislación ambiental española e incluso de facilitar el desarrollo de la polémica técnica conocida como fracking o fractura hidráulica, la cual persigue la extracción de hidrocarburos en capas muy profundas del terreno mediante la inyección a presión agua con arena y distintos productos químicos.

Por su parte, Ecologistas en Acción señala que la nueva ley supone una reducción en la calidad de las evaluaciones ambientales y favorece la mercantilización de la biodiversidad, al tiempo que teme que los bancos de conservación, incluidos en la reforma, permitan “una especie de monopoly de la naturaleza, un mercado financiero de activos medioambientales”.

Suelen decir los ambientalistas que las conquistas ambientales, en permanente e interesado conflicto con el mal llamado desarrollo,  tardan muy poco en perderse y décadas en recuperarse.  ¿Sucederá lo mismo con esta auténtica contrarreforma?

Industria tampoco quiere que los autoconsumidores almacenen la energía que generen

"El Real Decreto 1699/2011 por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia constituyó un espaldarazo al desarrollo fundamentalmente de la fotovoltaica y podría haber sido un medio para promover el almacenamiento a pequeña escala. Sin embargo, establece acerca de las instalaciones que 'en el circuito de generación hasta el equipo de medida no podrá intercalarse ningún elemento de generación distinto del de la instalación autorizada, ni de acumulación'".

Lo dice el Centro Nacional de Energías Renovables (Cener) en un documento que titula "Factores limitantes para el desarrollo del almacenamiento de energía". El Cener ha identificado seis factores en España: falta de una adecuada definición del almacenamiento de energía en el marco regulatorio; falta de definición de las capacidades del almacenamiento y servicios que puede proporcionar; inadecuado dimensionamiento del sistema eléctrico; mercado eléctrico distorsionado y/o inadecuado; procedimientos administrativos para la instalación de sistemas de almacenamiento largos o inexistentes; e impacto de los nuevos reales decretos en el desarrollo de las tecnologías renovables y de almacenamiento.

El proyecto stoRE

El documento en cuestión ha sido elaborado en el marco del proyecto europeo stoRE, cuyo objetivo es "facilitar el desarrollo de tecnologías de almacenamiento de energía a gran escala, tales como el bombeo hidráulico y el aire comprimido en cavernas, con el objetivo de permitir una mayor penetración de las energías renovables". Según otro de los documentos fruto de ese proyecto -Análisis del potencial del almacenamiento en el sistema eléctrico español actual y futuro (2013)-, "el bombeo hidráulico es la tecnología de almacenamiento idónea para España". Sin embargo, según los "Factores limitantes...", los procedimientos administrativos para la instalación de plantas de bombeo son "muy laboriosos, caros y largos, de manera que la obtención de permisos y la instalación pueden llevar más de 10 años".

La nueva regulación
Otro de los factores limitantes señalados en ese documento es el denominado "Impacto de los nuevos Reales Decretos en el desarrollo de las tecnologías renovables y de almacenamiento". Según el Cener, "el RD 2/2013 por el que se eliminan o reducen las primas a la generación en régimen especial puede tener un impacto negativo en el desarrollo y cumplimiento de los compromisos europeos relativos a las energías renovables". Además, dice, "elReal Decreto 1699/2011 por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia constituyó un espaldarazo al desarrollo fundamentalmente de la fotovoltaica y podría haber sido un medio para promover el almacenamiento a pequeña escala. Sin embargo, establece acerca de las instalaciones que 'en el circuito de generación hasta el equipo de medida no podrá intercalarse ningún elemento de generación distinto del de la instalación autorizada, ni de acumulación'. Por lo tanto, el RD de autoconsumo excluye específicamente el uso de almacenamiento. Por otra parte, el Anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico de Julio de 2013 establece los peajes y retribuciones de las plantas de autoconsumo y, según el parecer de potenciales usuarios, resultan inadecuados y suponen una nueva barrera al desarrollo de las renovables". [Imagen:ennaranja.com].

La permacultura es devolver a la tierra lo que hemos tomado de ella. Opinión de Rosemary Morrow

“Si haces algo bien de verdad, acabas mejorándolo todo”.

Entrevista a Rosemary Morrow, pionera de la permacultura.

Tengo 70 años y formo a formadores en permacultura para mejorar el planeta. Nací en Perth. Soy cuáquera: creo en el poder de la comunidad. Repensémoslo todo de nuevo con el sentido común de siempre. Colaboro con el Institut d’Arquitectura Avançada (IAAC) de Barcelona

El principio de la permacultura es devolver a la tierra lo que hemos tomado de ella y así crear un entorno sostenible en el que todo se renueve.

Bello y sencillo.

Para lograrlo, los tres principales objetivos son: cuidar de las personas, cuidar de la tierra y dar a los que no tienen lo que les sobra a quienes lo tienen todo.

Ese programa es más ambicioso que el cultivo ecológico de la alcachofa.

Porque no puedes hacer algo bien, por pequeño que sea, sin mejorar también el resto del sistema. Para cultivar con sentido, por ejemplo, hay que lograr también que lo cultivado tenga un precio justo que garantice una vida digna al permacultor.

Eso obliga a reformar los mercados.

Digamos que la permacultura explora todas las posibilidades de hacer las cosas mejor de lo que se hacen. En la agricultura, la permacultura es percibir la totalidad del sistema y después usar el sentido común. Mire allí…, por ejemplo.

Sólo veo una masía.

Pero hay que repensarla partiendo de las necesidades que quieres satisfacer con ella.

Yo no le veo ningún fallo.

Tiene un cobertizo en una colina. Y ese emplazamiento es un error, porque obliga al agricultor a subir la colina cargando los aperos de labranza, el abono…, todo.

Igual es que el límite de la parcela no llega más arriba o es de otro propietario.

Eso explica, pero no justifica que la ubicación sea inadecuada.

Cultivar bien requiere un enfoque integral, holístico, de la agricultura, que obliga a mejorar todo el entorno.

¿No es mero sentido común?

Sí, pero no es tan común, porque tendemos a juzgar cada necesidad de forma aislada sin verla en el mapa grande de las cosas, donde todo se integra e interactúa en patrones.

¿Qué son los “patrones”?

La naturaleza repite patrones con eficiencia: fíjese cómo se distribuyen las plantas y cómo vuelan los insectos y las aves. Siguen una serie de esquemas: sólo tenemos que estudiarlos e imitarlos y mejoraremos.

¿Matemáticas fractales?

Están en los inicios de la permacultura. Con ellas analizamos errores al organizar nuestras vidas y paisajes y adaptarnos al entorno. Vivir es repetirse, por eso cada pequeño detalle se multiplica y cada error también.

¿Hasta qué punto la permacultura puede pensar en todo e integrarlo todo?

Hace poco estuve en Timor Oriental…

Sufrió una horrible guerra civil.

Estaba allí dando una clase para formar profesores de permacultura y, de repente, se presentó un grupo de los antiguos colonos portugueses y me pidieron que saliera un momento del aula.

¿Y usted accedió?

Pues claro. Pero luego mis alumnos me explicaron que los colonos les habían hecho una oferta: “Concentremos las plantaciones -dijeron- y podremos cultivar café de forma muy rentable y ganar mucho dinero”.

¿No valía la pena estudiar la oferta?

La oferta llegó cuando mis alumnos se habían repartido la tierra ya para que cada familia tuviera su parcela. Y la rechazaron.

¿Y si el café les da más dinero?

El monocultivo permite especular a corto plazo, pero te fragiliza a largo: te hace dependiente de un precio y te pone en manos de los terratenientes, que controlan las reglas del juego en su beneficio. Al final, acabarás trabajando para ellos por una miseria.

Eso no es agricultura, sino política.

Debes pensar en verde. Y cuando vas a comprar café, preguntarte: ¿De dónde viene este café? ¿Qué precio tiene? ¿Quién se rompió la espalda cultivándolo y por qué esos niños que lo cultivan no están en la escuela?

¿Es una reflexión vital universal?

Es la permacultura. Preguntarse: ¿Qué sentido tiene cultivar café para explotar a otras personas? ¿Para qué quiero hacerme inmensamente rico si empobrezco a todos?

La ambición no siempre es avaricia.

Lo que me preocupa es dejar algo que valga la pena en este planeta: mejorarlo un poquito. Por eso, doy clases para formar a profesores de permacultura en muchos países, como aquí en Barcelona. Si esos profesores se limitan sólo a enseñar a plantar alcachofas ecológicas, no es suficiente para nadie.

¿Cuál es su estrategia, entonces?

Impregnar de mentalidad permacultora cada cultura local.

Que en las escuelas se enseñe a pensar de un modo integral, honesto y sincero para lograr armonía de los humanos y no humanos con el entorno. Una pequeña mejora puede llevar a otras grandes.

Pues le deseo mucha suerte.

Hablo de ser prácticos y racionales, porque los sistemas de explotación de la tierra y las personas no lo son. Son insostenibles y acaban generando catástrofes.

¿Por qué se hizo permacultora?

Soy de Perth, que derrochaba agua: mil litros por persona al día. En los setenta nos dimos cuenta de que el agua no es infinita y que no podríamos seguir así. Y leí a David Holmgren y Bill Mollison. Y descubrí un nuevo modo de pensar en todo, pero con el sentido común de siempre.

Nada es pequeño

Rosemary Morrow y los apóstoles de la permacultura descubrieron que si haces algo muy bien, aunque sea algo pequeño como cultivar coles, acabas mejorando todo el planeta.

La permacultura empezó así como un ensayo de cultura en su sentido original de ‘cultivar, crecer, crear…’. Y se ha convertido en una enmienda de sentido común a la totalidad egoísta del sistema, diseñado para que el 1 por ciento de los humanos posea el 99 por ciento de todo.

El poder de las cosas bien hechas lleva hoy al permacultor a luchar contra monocultivos especuladores para que sus huertecitos tengan sentido. Por eso, creen que no hay progreso individual sin compromiso colectivo.

Lluís Amiguet

Fuente: La Vanguardia

Responsabilidad socio-ambiental. Opinión de Leonardo Boff

Desafío urgente: la responsabilidad socioambiental de las empresas.

Ya hemos dejado atrás el economicismo del Nobel Milton Friedman que en el Time de septiembre de 1970 decía: «la responsabilidad social de la empresa consiste en maximizar las ganancias de los accionistas».

Noam Chomsky es más realista: «Las empresas son lo más cercano de las instituciones totalitarias». No tienen que dar explicaciones al público o a la sociedad. Actúan como depredadoras, teniendo como presas a las otras empresas.

Para defenderse, las poblaciones disponen solamente de un instrumento: el Estado. Pero hay sin embargo una diferencia que no se puede pasar por alto: «mientras que, por ejemplo, la General Electric, no debe satisfacer a nadie, el estado debe dar explicaciones a la población con regularidad » (en Le Monde Diplomatique de Brasil, nº 1, agosto 2007, p. 6).

Ya hace décadas que las empresas se han dado cuenta de que son parte de la sociedad y que tienen una responsabilidad social en el sentido de colaborar para que tengamos una sociedad mejor.

Puede definirse así: La responsabilidad social es la obligación que la empresa asume de buscar metas que, a medio y largo plazo, sean buenas para ella y también para el conjunto de la sociedad en la cual se encuentra.

Esta definición no debe ser confundida con la obligación social que significa el cumplimiento de las obligaciones legales y el pago de los impuestos y de las obligaciones sociales de los trabajadores. Esto es simplemente lo exigido por ley.

Ni es la respuesta social: la capacidad de una empresa de responder a los cambios producidos en la economía globalizada y en la sociedad, como por ejemplo, el cambio de la política económica del gobierno, una nueva legislación y las trasformaciones del perfil de los consumidores.

La respuesta social es aquello que una empresa tiene que hacer para adecuarse y poder reproducirse.

La responsabilidad social va más allá de todo esto: es lo que hace la empresa, después de cumplir con todos los requisitos legales, para mejorar la sociedad de la cual forma parte y garantizar la calidad de vida y el medio ambiente.

No sólo lo que hace para la comunidad, lo que sería filantropía, sino lo que hace con la comunidad, con la participación de sus miembros en proyectos diseñados y supervisados en común. Esto es liberador.

En los últimos años, sin embargo, gracias a la conciencia ecológica despertada por el desajuste del sistema-Tierra y del sistema-vida, ha surgido el tema de la responsabilidad socioambiental.

El hecho principal se produjo el 02 de febrero de 2007, cuando el organismo de la ONU que reúne a 2.500 científicos de más de 135 países, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), después de seis años de investigación, dio a conocer sus datos al público. No estamos yendo hacia el calentamiento global y los profundos cambios climáticos. Ya estamos dentro de ellos.

El estado de la Tierra ha cambiado. El clima va a variar mucho, si no hacemos algo, puede aumentar hasta 4-6 grados centígrados.

Este cambio, con un 90% de certeza, es antropogénico, lo que significa que es causado por los seres humanos, más bien, por el tipo de producción y de consumo que ya cuenta con cerca de tres siglos de existencia y que hoy en día se ha globalizado. Los gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono y el metano, son la causa principal del calentamiento global.

La cuestión que se plantea a las empresas es la siguiente: ¿en qué medida contribuyen a limpiar el planeta, a introducir un nuevo paradigma de producción, de consumo y de reciclado de residuos, de acuerdo con los ritmos de la naturaleza y la red de la vida, y no sacrificando los bienes y servicios naturales?

Este es un tema que se está discutiendo en todas las grandes empresas globales, sobre todo después del informe de Nicholas Stern (ex-economista principal del Banco Mundial), del informe del ex-vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore: Una verdad incómoda, y de las varias convenciones de la ONU sobre el calentamiento global.

Si de ahora en adelante no se invierten unos 450 mil millones de dólares al año para estabilizar el clima del planeta, en los años 2030-2040 será demasiado tarde y la Tierra entrará en una era de grandes extinciones, que afectará en gran medida a la especie humana.

Una reciente reunión de la Agencia Internacional de la Energía destacaba que las decisiones tienen que ser tomadas ahora y no en 2020.

El año 2015 es nuestra última oportunidad. Después será demasiado tarde e iríamos al encuentro de lo indecible.

Estos problemas ambientales son de tal importancia que se anteponen a la simple cuestión de la responsabilidad social. Si no aseguramos primero el planeta Tierra con sus ecosistemas no hay manera de salvar a la sociedad y al conjunto empresarial.

Por lo tanto: ¡responsabilidad socio-ambiental!

Leonardo Boff

Fuente: Adital

La insoportable deuda militar en España

Por Jordi Calvo

En el contexto actual de profunda crisis económica, en el que los presupuestos públicos sufren una importante disminución es de gran interés revisar a qué se están dedicando los escasos recursos económicos de las administraciones públicas y qué impacto tiene la elección presupuestaria, indudablemente política, sobre le economía española. El endeudamiento público español supera ya el 90% del PIB, lo que hace que la presión sobre el control del déficit es mayor. Todo ello alimenta la teoría, verdadera o falsa, del rescate de las finanzas públicas españolas por parte de Europa, lo que lleva a un endurecimiento de los recortes que hasta ahora han recaído sobre los pilares del Estado del bienestar (sanidad y educación).

Sin embargo, no aparece en el debate sobre el control del déficit, del endeudamiento y de los recortes el impacto del gasto militar, cuando probablemente sea la partida presupuestaria que recibiría con mayor consenso social un recorte. Por otra parte, la dificultad en el acceso al crédito y a la financiación en general de las pequeñas y medianas empresas es identificada como un factor clave que impide la recuperación económica. La actividad industrial militar consume buena parte de los ahora escasos recursos destinados a la financiación de la actividad económica. La banca española, pública y privada, dedica ingentes recursos a financiar la producción y venta de armas. Veamos a continuación el peso del gasto militar y la financiación de la industria armamentística en la economía española y su papel como freno de la recuperación económica.

El gasto y la deuda militar española

Dentro de las partidas de gasto más relevantes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) encontramos cada año la dedicada al gasto militar. Su cálculo es siempre una cuestión controvertida ya que hay diferentes criterios para considerar qué partidas deben conformar el cálculo del gasto militar. El criterio del Gobierno español es el más restrictivo, con la clara intención de mostrar un gasto militar mucho menor del que realmente es efectuado, para su justificación de cara a la opinión pública. Otros criterios, como el de la OTAN incorporan otras partidas que hacen que el gasto militar de cada año sea realmente el doble del que podemos identificar según los datos facilitados por el gobierno. Más allá de lo que indica la OTAN hay partidas que podrían considerarse gastos militares, que debemos contabilizar para calcular con mayor exactitud el montante final dedicado a este concepto en los PGE. Un análisis del gasto militar y de su cálculo es mostrado en la tabla 1 en el que se comprueba el verdadero volumen de su impacto sobre las cuentas públicas. En el ejercicio de 2012 el gasto militar alcanzó el 1,80% del PIB y el 5,22% de los PGE, lo que supuso un incremento respecto al ejercicio anterior. Entre 2011 y 2012 el presupuesto de Defensa se convierte en quizá el único que aumenta.

Por otra parte, es importante mencionar uno de los elementos de mayor incidencia en el presupuesto militar, tanto por el volumen de recursos que consume cada año de las arcas públicas, como por la incidencia que tiene como grupo de presión en las políticas gubernamentales. Nos referimos a la industria militar, que consume cada año un cantidad ingente de recursos públicos no solo en lo que se refiere a la compra con dinero público de armamento sino también en lo que respecta a las ayudas a la I+D a través de la concesión de, créditos blandos, que desde que comenzaron a realizarse también desde el Ministerio de Industria en 1997 han acumulado solo de este ministerio 15.777,30 millones de euros. A lo que hay que añadir las medidas de apoyo de carácter comercial, económico y político de varios ministerios e incluso de las más altas instancias del Estado, difícilmente cuantificables. Por otra parte, la industria militar española e internacional recibe cada año importantes cuantías presupuestarias dedicadas a la compra de nuevos armamentos. España tiene firmados contratos que deben hacerse efectivos los próximos años por un valor de 30.728,51 millones de euros, lo que consumirá una buena parte de los escasos recursos públicos en detrimento de los necesarios gastos sociales, lo que bien puede denominarse como “la burbuja armamentística española”. El caso del año 2012 es especialmente controvertido, ya que durante el mes de septiembre se aprobó un crédito extraordinario de 1782 millones de euros, no contabilizados inicialmente, para la adquisición de nuevo armamento para el ejército español. En 2013 Defensa planea pedir un crédito de 1000 millones para pagar armamento.[1]

Finalmente, para aproximarnos al verdadero gasto militar realmente liquidado, a esta partida hay que sumarle el presupuesto destinado a las operaciones militares en el exterior que son prácticamente en su totalidad imputadas al Fondo de Contingencias. Solo en 2012 fueron 769,08 millones de euros. Defensa presupuesta anualmente un irrisorio montante de 14,36 millones de euros y al final del año añade una partida similar a la de 2012 proveniente del mencionado Fondo de Contingencias. En 2013 con toda probabilidad ocurrirá algo similar.

Como vemos existen unas nada despreciables diferencias entre el gasto militar inicialmente presupuestado y el efectivamente liquidado al final del ejercicio, que recurrentemente aumentan cada año los recursos públicos que consume la actividad militar, haciendo que el gasto militar un más que relevante peso en las cuentas públicas.

La financiación militar

Además, debemos tener en cuenta los recursos que consume el gasto militar que generan deuda y, por tanto, intereses de la deuda pública. La parte proporcional al gasto militar debe ser, por tanto, incluida en el gasto real militar español.  Cada año se destinan más de mil millones de euros a pagar los intereses de la deuda pública generada por el gasto militar.

A ello hay que añadir el apoyo financiero de la banca española, que contribuye al desarrollo y expansión de la industria militar mediante la concesión de créditos, emisión de bonos y pagarés, participaciones accionariales, gestión de fondos de inversión y financiación de exportaciones. Hay que tener en cuenta que en un contexto en el que el crédito a las Pymes está fuertemente restringido, la decisión de destinar el dinero de un banco a apoyar la industria militar, afecta indudablemente a la disponibilidad de estos recursos para la economía productiva.

Según el informe realizado por el Centro Delàs para Setem, al menos 30 empresas de armamento españolas recibieron apoyo financiero de 42 grandes bancos (españoles y extranjeros), bancos de tamaño reducido o mediano, cajas de ahorros ahora convertidas en bancos, con algunos grupos de cooperativas de crédito, con empresas de seguros y con intermediarias financieras. En el informe se revela que las maneras de financiar a la industria militar no son únicamente las que resultan más evidentes, por su relación directa entre el banco y la empresa de armas, sino que la industria militar recibe apoyo de los bancos a través de grandes transnacionales, empresas de capital riesgo, inversores particulares, infinidad de intermediarias financieras y SICAV.

El apoyo financiero que ha recibido el complejo militar-industrial español mediante participaciones accionariales, fondos de inversión y créditos desde 2007 muestra que se han desviado al menos 1.372.366.441 de euros al sector armamentístico (2.291.857.330 de euros, si contamos la participación de la SEPI en EADS). En concreto se identifican 736,60 millones de euros concedidos en créditos a la industria armamentística, 231,87 millones de euros en fondos de inversión y 1.323,38 millones de euros en participaciones accionariales (contabilizando solo aquellas de las que conocemos su valor real). Los bancos que han participado en el negocio armamentístico con mayor volumen de negocios y mayor presencia en empresas de armas españolas en el periodo 2007-2011 son, por orden de importancia: Bankia y Liberbank (cuya estimación según este informe en la industria militar es de cerca de más de 300 millones de euros para Bankia y de cerca de 90 millones de euros para Liberbank, debido principalmente a sus elevadas participaciones en Indra). A continuación aparece el Banco Santander, Caixabank, BBVA y Catalunya Caixa (cuya actividad dedicada en los últimos años a la industria militar española se puede estimar entre los 30 y los 40 millones de euros), seguidos por Banco Popular, Banco Sabadell, Ibercaja y Bankinter (que se encontrarían en la horquilla entre 20 y 30 millones de euros en armamento español).

En conclusión: la economía de Defensa es un lastre para la salida de la crisis

El sector militar depende principalmente del gasto militar que cada año es computado en los PGE. Sin embargo, al tratarse de un gasto socialmente controvertido sus partidas se encuentran ocultas en diversos ministerios. El criterio de gasto militar de la OTAN lleva a que en España se duplique cada año el presupuesto militar fácilmente computable a Defensa. Si además esperamos a saber el presupuesto finalmente liquidado, observamos que hay créditos extraordinarios y transferencias del Fondo de Contingencias que todavía aumentan más el gasto militar español. Con la situación de recortes en sanidad, educación, cultura, infraestructuras y otros gastos sociales que cuentan con el apoyo de la ciudadanía, es especialmente criticable que alrededor del 5% del presupuesto sea dedicado a menesteres militares.

Por otra parte, el gasto militar y la industria militar tienen un protagonismo ineludible en la generación de deuda pública, con el consiguiente impacto en el déficit de las cuentas públicas. Porque no hay que dejar de contabilizar los interés de la deuda pública destinados a financiar el gasto militar, porque las empresas de armas deben miles de millones al propio Estado en concepto de créditos de I+D, porque más de 30.000 millones de euros van a destinarse los próximos años a comprar nuevo armamento.

Finalmente, los bancos (públicos y privados) también juegan un relevante papel en el mantenimiento de la industria militar. Solo desde el año 2007 han apoyado financieramente con cerca de 2.300 millones de euros a las 9 principales empresas de armas de España. Si tenemos en cuenta la dificultad de acceder a esta información, podemos afirmar que esta cantidad tan solo es la punta del iceberg del apoyo de la banca española a la industria militar.

Por tanto, el estamento militar y la industria de armas reciben un trato especial por parte del gobierno y de las entidades financieras públicas y privadas. Miles de millones de euros son desviados cada año de la necesaria inversión social al gasto militar y a la producción de armas. El gasto militar se convierte, de este modo, en un lastre para la recuperación económica española. Salir de la crisis sin acabar con el Estado de bienestar requiere ineludiblemente un drástico cambio en las políticas de gasto militar y de apoyo a la industria de armas en España, que reduzca sensiblemente y de forma urgente los recursos económicos que el armamentismo y el militarismo consumen.

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[1]  según informa El País (28/03/2013)

Artículo publicado en Solidaridad Global (N8/AGO/2013)

Se mantienen las aberrantes propuestas derechistas de Cospedal en materia de caza en Castilla-La Mancha

La Junta de Castilla-La Mancha, en su empeño por hacer una normativa cinegética a medida de los lobbies cinegéticos de la región, entre otras cuestiones permitió la utilización masiva de lazos para control de predadores e incorporar a la lista de aves de cetrería a una especie declarada en peligro de extinción, el águila perdicera. Ecologistas en Acción considera que la actitud genuflexa de la Junta a las prácticas cinegéticas más abusivas e irracionales, pone en riesgo los notables avances en materia de conservación de naturaleza conseguidos en décadas de esfuerzo.

En la convocatoria del Consejo Regional de Caza de Castilla-La Mancha del pasado otoño, la Consejería de Agricultura incorporó al orden del día dos puntos que tienen por objeto introducir modificaciones normativas muy relevantes en materia de control de predadores y de cetrería.

En materia de control de predadores se abordará el informe sobre dos órdenes de la Consejería de Agricultura que tratan sobre la homologación de los métodos de control de predadores y sobre las condiciones para la acreditación de usuarios tramperos.

En resumen, las órdenes pretenden la autorización del uso de diversos tipos de trampas para capturar zorros, urracas y perros asilvestrados y lahabilitación de los guardas de caza mediante un cursillo para que puedan utilizarlos, haciendo renacer la temida figura del alimañero, aunque ahora con papeles. Estas órdenes toman como referencia las Directrices estatales que al efecto aprobó la Comisión de Conservación de la naturaleza que forman las Comunidades Autónomas y el Ministerio y que ya fueron ampliamente contestadas y criticadas por los grupos ecologistas.

Castilla-La Mancha hace una transcripción parcial y a medida de los intereses de los cazadores de dichas directrices y así apuesta por unosmétodos de captura, como los lazos de cierre libre y tipo wisconsin, cuya selectividad es escasa. Además, adopta una modalidad de colocación, el denominado alar, que supone rodear de lazos los cotos de tal manera que no habrá animal que no se vea obligado a pasar por uno de ellos.

El propio Ministerio, que validó las pruebas con estos métodos, reconoce que en los alares se ponen 240 lazos por cada 500 hectáreas, cuando en otros métodos de mayor eficacia y selectividad, como el uso de lazo tipo collarum al paso, sólo es necesario colocar 30 en la misma superficie.

Por otra parte, en el texto que ha salido desde la Dirección General de Montes y Espacios Naturales se ha omitido deliberadamente introducir unapartado sobre el procedimiento de autorización de estos métodos que según las Directrices debe ser muy restrictivo y controlado dado que de lautilización de estos métodos se pueden derivar graves daños para especies protegidas.

 En cuanto a cetrería, se presenta una modificación del decreto vigente que da lugar a dos modificaciones muy significativas. Por un lado, se amplia el listado de aves de cetrería, incorporando especies amenazadas y de interés especial, como el águila real, el búho real, y otras. Pero lo que es más grave es que incorpora al listado al Águila perdicerea (Aquila fasciata) especie declarada en peligro de extinción en Castilla-La Mancha. Por otro lado, se reducen las exigencias en cuanto a marcaje de aves de cetrería, revisiones periódicas  e inspecciones. Los cambios no pretenden otra cosa que transcribir literalmente las demandas de un sector muy minoritario de los cazadores que está deseoso de abrir al mercado de compra venta de especies algunas que tienen un elevado precio. Así el Águila perdicera, de las que apenas quedan 85 parejas en libertad en toda Castilla-La Mancha, se cotiza a 10.000-12.000 euros el ejemplar. Si a ello sumamos la laxitud que se ofrece en los controles (por ejemplo, si se quiere hacer una inspección la Consejería debe avisar con antelación al cetrero), es fácil deducir los riesgos que supone la modificación del decreto de cetrería.

Ecologistas en Acción ha pedido al Director General de Montes y Espacios Naturales y por escrito a la Consejera de Agricultura que se retiren lasnuevas normativas o que, en su defecto, sean corregidas en profundidad. Les acusa a su vez no ya de atender sin criterio cualquier ocurrencia que les llega de los lobbies cinegéticos, sino de permitir que sean estos lobbies los que redacten las normativas para hacerlas directamente suyas.

Ecologistas en Acción considera que el daño que está produciendo la nueva política de caza de la Junta es cada vez mayor, se está dejando notar ya en el medio natural y se va a notar mucho más. Entre los impactos que se han detectado están las pérdidas de nidos de especies protegidas, la destrucción de los hábitats y la intensificación de prácticas crueles. Pero además, con las nuevas normas que ahora inician su trámite se estima que en Castilla- La Mancha se matarán anualmente en los lazos entre 3.000 y 12.000 ejemplares de especies protegidas, se incrementarán exponencialmente los expolios de nidos de rapaces para cetrería que ya para algunas especies afecta al 50% de los nidos en campo y se añadirá un nuevo problema a la larga lista de afecciones que han llevado al Águila perdicera al peligro de extinción.

Más información:

Miguel Ángel Hernández, Tf. 608823110